Daniel Delgado-Diamante – La Estrella de Panamá – 2016-06-10
Los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales en el mundo han estimulado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional por más de dos decenios.
Por ello, los jefes de Estado y de Gobierno de 193 países, reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2015 aprobaron la ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ‘. Esta amplia y ambiciosa iniciativa reconoce a la igualdad y la sostenibilidad como los principios rectores, compartidos y universales, en los que se deben basar las nuevas estrategias y políticas globales, regionales y nacionales para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados y las 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Los objetivos y sus metas abordan los grandes temas que condicionarán el desarrollo sostenible hasta el año 2030, cuyos propósitos fundamentales son ‘acabar con la pobreza extrema; luchar contra la desigualdad y la injusticia, y combatir el cambio climático ‘. Esta agenda trascendental servirá como un Plan de Acción para que la comunidad internacional y los Gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y el bienestar común en los próximos 15 años.
Además de propugnar por poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
La Agenda 2030 reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas con igualdad de acceso a la justicia y que se basen en el respeto de los Derechos Humanos (incluido el derecho al desarrollo), Estado de derecho efectivo, una buena gobernanza, así como en Gobiernos e instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas a sus pueblos.
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En su ‘Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres ‘, Juan Jacobo Rousseau sostuvo que la desigualdad social y política es el resultado de los abusos de aquellos que se apropian para sí de la riqueza del mundo y de los beneficios privados que derivan de esa apropiación. La desigualdad está fuertemente relacionada al estrato social, al género, la etnia, la religión, entre otros. Este fenómeno afecta más a las minorías sociales, quienes son las que sufren la mayor parte de las carencias o ven limitadas sus aspiraciones a una vida mejor.
En este contexto, a pesar de su crecimiento económico y a los megaproyectos en construcción, el nuestro es un país donde las desigualdades entre sus ciudadanos son muy marcadas. Conforme al documento de Unicef del 2015, Panamá está entre los quince países del mundo con mayor desigualdad económica y en Latinoamérica ocupa el tercer lugar, con 55 % en el Coeficiente de Gini.
La mayor desigualdad puede verse reflejada en la educación. Mientras no le demos prioridad a la educación, las esperanzas de resolver las desigualdades estarán muy distantes. Cuando las posiciones magisteriales no sean distribuidas de acuerdo a criterios competitivos, sino por ideologías políticas y gremialistas, no habrá avances. A ello se suman las pugnas permanentes entre los gremios magisteriales y el Gobierno, lo que no facilita alcanzar las mejoras que el sistema requiere y brindar a los panameños la posibilidad de un sistema escolar público de excelencia y éxito ciudadano.
La desigualdad se refleja también en los precios de la canasta básica, afectando la calidad de vida de las personas con menores ingresos, perjudicando su alimentación y salud, contrario a las clases sociales altas con mayor capacidad adquisitiva. Y qué decir de los problemas del transporte público y de inseguridad en la que viven los ciudadanos en la mayoría de las ciudades.
La desigualdad en todas sus formas genera estrés, inconformidad, tensión y, a la larga, antipatía hacia la clase política y gobernante. Ello se manifiesta con más intensidad en cada período electoral, donde la promesa de cambiar la vida de los electores carece de propuestas coherentes con las necesidades de los ciudadanos. También en la insatisfacción y frustración que producen el incumplimiento de las promesas al llegar al Gobierno, para que los ciudadanos puedan aspirar a condiciones de vida dignas y no existan distingos políticos, de raza, sexo o religión, para lograr el sueño de mejores días. Panamá lo merece. Panamá lo necesita.